Desde el balcon de Lucia
Hay quienes insisten en que Puerto Rico llegó a este punto por mala suerte.
Mienten.
No fue mala suerte. Fue diseño.
Durante décadas nos vendieron la fantasía de que el progreso llegaría privatizando, endeudando y entregando al mejor postor aquello que generaciones enteras construyeron con dinero público. Nos dijeron que el mercado era más eficiente que el pueblo, que los expertos sabían más que las comunidades y que vender activos era modernizar el país.
Y así comenzó la gran estafa.
No nació con una sola persona ni con un solo partido. Pero sería intelectualmente deshonesto ignorar que bajo Pedro Rosselló se abrió una caja de Pandora cuyos efectos todavía sufrimos. La venta de la Telefónica, la obsesión con los megaproyectos, la cultura de la privatización y los escándalos asociados a grandes contratos normalizaron una idea peligrosa: que Puerto Rico era una mercancía.
A partir de ahí, lo público dejó de verse como patrimonio colectivo y comenzó a verse como inventario disponible para la venta.
Lo que siguió fue una cadena de decisiones que hoy parecen inevitables, pero que fueron decisiones políticas concretas.
Se tomó prestado para cubrir gastos operacionales.
Se pospusieron responsabilidades con los sistemas de retiro.
Se multiplicaron contratos mientras se debilitaban las capacidades del Estado.
Se nombraron amigos donde hacían falta profesionales.
Se protegieron donantes donde hacía falta fiscalización.
Y cuando llegó la crisis, los responsables no pagaron la factura.
La pagó el pueblo.
La pagó la maestra cuya escuela cerró.
La pagó el pensionado.
La pagó el comerciante que vio desplomarse su comunidad.
La pagó la familia que hizo maletas y se marchó.
La pagó la generación que heredó una deuda que nunca aprobó.
Mientras tanto, los arquitectos del desastre siguieron moviéndose entre juntas corporativas, firmas de consultoría, campañas políticas y contratos gubernamentales.
Porque en Puerto Rico la corrupción rara vez termina. Se recicla.
Por eso me niego a aceptar la narrativa de las “manzanas podridas”.
No son manzanas.
Es el árbol.
Un sistema diseñado para premiar la lealtad partidista por encima de la competencia.
Un sistema donde la cercanía al poder vale más que el mérito.
Un sistema donde las agencias se vacían de experiencia y luego se usan esas mismas deficiencias para justificar más privatización.
Hoy vemos propuestas para acelerar permisos, reducir controles y facilitar desarrollos que prometen prosperidad mientras amenazan bienes de dominio público, patrimonio histórico y acceso ciudadano.
Siempre usan el mismo lenguaje.
Desarrollo.
Modernización.
Inversión.
Competitividad.
Las palabras cambian.
El libreto es el mismo.
Primero declaran ineficiente lo público.
Luego lo debilitan.
Después lo venden.
Finalmente nos dicen que no había alternativa.
Pero sí la había.
Siempre la hubo.
La alternativa era gobernar con integridad.
La alternativa era fortalecer instituciones en lugar de vaciarlas.
La alternativa era planificar para el país y no para el próximo ciclo electoral.
La alternativa era entender que Puerto Rico no es una corporación ni una finca privada.
Es un pueblo.
Y un pueblo no se administra para los donantes de campaña.
No se administra para los inversionistas privilegiados.
No se administra para los contratistas.
Se administra para la gente.
Quizás por eso la pregunta más importante no es quién fue el más corrupto.
La pregunta es quién sigue defendiendo el modelo que hizo posible la corrupción.
Porque los nombres cambian.
Los colores cambian.
Los rostros cambian.
Pero la maquinaria sigue funcionando.
Y mientras sigamos votando por quienes protegen privilegios antes que comunidades, seguiremos llamando crisis a lo que en realidad es el resultado predecible de décadas de saqueo institucional.
Puerto Rico no se perdió de golpe.
Lo fueron vendiendo por pedazos.
— Lucía de Fuego
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